Los contratos privados

A veces tenemos que tomar decisiones que requieren responsabilidad, y al hacerlas necesitamos pronosticar cuáles serán sus consecuencias y respaldar los imprevistos. Por ejemplo, si queremos alquilar nuestra vivienda y no queremos que nuestro inquilino haga con ella lo que no estaba pactado necesitamos dejarlo claro. La mejor forma es poner unas obligaciones y derechos por escrito, y de eso tratan los contratos.
Un contrato es un acuerdo entre dos partes, donde se ponen por escrito las condiciones, cláusulas y datos que ambas partes han acordado previamente. El documento es firmado por las personas afectadas y así manifiestan su consentimiento. Aún así, es necesario saber qué tipo de contrato estás firmando, por eso en el post de hoy os informaremos sobre las formas y clasificaciones más comunes que os puede interesar saber.
Por un lado encontramos el contrato público. Se trata de un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es la administración pública cuando actúa como tal y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración.
Por otro lado, los contratos privados, se realizan por las personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, que intervienen en el acuerdo y tienen la opción de hacerlo con o sin asesoramiento. Tienen el mismo valor que la escritura pública ya que si se incumple el conflicto se tendrá que resolver en los tribunales.
Los contratos privados de compraventa de inmueble son los que se realizan con más frecuencia, ya que es totalmente legal, la forma que debe adoptar es libre y la escritura pública ante notario no es por tanto imprescindible. Aún así, una de las partes después puede exigir el otorgamiento de la escritura pública. También es común que los contratos privados de arrendamiento de inmueble se hagan en documento privado y es reconocido siempre como válido en cualquier organismo o tribunal.
Hacer tus contratos privados de arrendamiento tiene las siguientes ventajas para el inquilino:

• Disminución de engaños y fraudes: El inquilino tiene la certeza de que el propietario de la vivienda es realmente quien la alquila.
  
• Protege frente a terceros: Si alguien ya ha entrado a vivir como inquilino en una vivienda y ésta es vendida a otro propietario, este deberá cumplir con el mismo contrato que pactó el antiguo propietario con el inquilino.
  
• Derecho de adquisición preferente: Si el casero decide vender la casa, y el inquilino iguala cualquier oferta de compra de un tercero, él tendrá prioridad para adquirirla, aunque la ley le da un plazo máximo de 30 días naturales para decidirse.
  

Algunas de las principales desventajas, de hacer un contrato privado serían el papeleo y el coste, ya que no hay tarifas fijas, sino que, dependerá del precio del alquiler pactado y de la duración del contrato. Teniendo en cuenta esta situación para ponértelo fácil, no hay mejor manera que hacerlo mediante la solución cloud de FormalDocs, con la cual puedes obtener tus contratos en tres pasos y de forma económica.
Y bien, ¿quién se encarga de pagar el contrato? En un contrato de arrendamiento es el propietario quien asume este gasto. También existen casos en los que los contratos son de adhesión es decir, que lo asume tan solo una de las partes, son unilaterales sin opción a ser negociable. Un ejemplo de estos contratos serían los avisos legales, como las condiciones de uso web, política de cookies y política de privacidad.

 

JERARQUÍA NORMATIVA DE LAS LEYES

 

 

 

La jerarquía normativa es un principio jurídico por el cual las normas de un ordenamiento jurídico se ordenan mediante un sistema de prioridad, según el cual unas normas tienen preferencia sobre otras; para establecer tal prioridad se pueden usar distintos criterios, como son, por ejemplo, la validez de la norma basada en otra previa superior, la función de la norma, la preferencia en la aplicación de la norma o el diferente órgano político del que surge la norma. Con la jerarquía normativa se ordenan diferentes elementos del ordenamiento jurídico, de modo que este consigue unidad y coherencia.

ORGANIZACIÓN JUDICIAL ESPAÑOLA

 

 

El poder judicial en España es el conjunto de juzgados y tribunales, integrados por jueces y magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia. Según la Constitución española, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre el Rey de España.

Exclusivamente a dichos juzgados y tribunales corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. En ejercicio de dicha potestad, los juzgados y tribunales conocen y deciden todos los procesos jurisdiccionales de los órdenes civil, penal, contencioso - administrativo, social y militar. El conocimiento y decisión de dichos procesos consiste en la tramitación y pronunciamiento sobre el fondo del asunto que les planteen las partes , sean éstas autoridades o particulares.